GLOBALIZACIÓN, MERCADOS Y ESTADOS

Inicio mi opinión de hoy apelando una vez más a la Real Academia Española que en el Diccionario de la Lengua Española dice que los «negacionistas» son partidarios de la «Actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes»; un ejemplo claro de negacionismo es el de considerar que la «globalización» es solo una ideología y no una realidad mundial que la RAE, en materia económica, define como «Proceso por el que las economías y mercados, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción reguladora de los Gobiernos».

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han facilitado lo que se ha denominado la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 y el desarrollo de la globalización, por lo que en la actualidad un individuo puede comprar un producto ofrecido por un agente económico asentado en territorio estadounidense, chino o de cualquier otra nacionalidad y en menos de una semana podría estar recibiéndolo en su hogar o en sitio de trabajo ¡Esto es real, no es solo un ideal!

La filósofa rusa Alisa Zinóvievna Rosenbaum, conocida por su seudónimo de Ayn Rand, advirtió que «Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad» y por ello quienes ignoran o niegan la realidad de la globalización deben enfrentarse a las consecuencias que ello conlleva. Los gobernantes de los estados, por ejemplo, pueden seguir aplazando la actualización de sus legislaciones para adaptarse a la realidad de los mercados o pueden seguir esperando, de manera inútil, que los mercados se adapten a sus pretensiones, pero lo único cierto es que condenarán a sus gobernados a sufrir las consecuencias que en materia económica se deriven, pues los mercados seguirán obedeciendo a las leyes que los rigen teniendo en cuenta que los seres humanos seguiremos satisfaciendo nuestras necesidades de acuerdo con las soluciones que en los diferentes mercados se nos ofrecen.

Esta semana el administrador de empresas y escritor René Burgos manifestó que «El registro Invima de mi arequipe me vale 7 millones, el del yogurt 7 millones y el de la leche condensada 7 millones, 21 millones solo para poder tener licencia para vender y todavía no he comprado la marmita» ¿Cómo puede competir un joven emprendedor como éste frente a empresarios de otras naciones que no tienen que pagar esa cantidad de dinero para obtener el registro que les permite comercializar sus productos? Para justificar que hacen algo, los legisladores proponen y aprueban leyes innecesarias para producir y comercializar no solo la leche y sus derivados, sino también la panela, los combustibles como la gasolina, el servicio de transporte y toda actividad económica, por lo cual siguen teniendo vigencia las palabras del expresidente de Estados Unidos Ronald Wilson Reagan cuando dijo «La visión del Gobierno sobre la economía se podría resumir en unas pocas frases cortas: si se mueve, ponle impuestos; si se sigue moviendo, regúlalo. Y si deja de moverse, subsídialo».

El exceso de reglamentaciones en Colombia, que está muy ligado al tamaño del estado, ha hecho que nuestra población no produzca la riqueza que puede generar, pero los gobernantes sí se creen con el derecho de redistribuir la poca riqueza que permiten que la población produzca y por ello se les ha convertido en un hábito tramitar reformas tributarias para aumentar no solo las tasas de tributación, sino también el número de individuos que deben contribuir de forma impositiva a la financiación del gasto público; por lo anterior, yo considero que el mejor apoyo estatal que podrían recibir los emprendedores colombianos es que el estado les quite la carga tributaria y los trámites que impiden que el sector privado sea más productivo.

Lo mismo sucede en todos sectores de la producción como, por ejemplo, el del transporte en el que a las empresas formales el estado les ordena el cumplimiento de las normas que además de la tramitología burocrática exige el pago de ciertos permisos para que sus vehículos puedan transitar y ofrecer un servicio de tanta importancia para la movilidad de la población; esos costos gubernamentales las empresas deben incluirlos en los precios que deben pagar los usuarios; no obstante, los mercados que obedecen a las leyes de la oferta y la demanda y no a las legislaciones de los estados, debido también a las tecnologías de la información y las comunicaciones y a la globalización permiten que, a través de aplicaciones de dispositivos móviles, se ofrezcan servicios de transporte a menor precio y en algunos casos más seguros y de mejor calidad que el de las empresas que decidieron formalizarse, lo cual pone en desventaja a quienes quieren cumplir con la imposición gubernamental y a pesar de que la Superintendencia de Industria y Comercio SIC, en nombre del estado, ejerza coerción ordenándole a uno de los agentes económicos informales la cesación de la prestación del servicio de transporte de pasajeros, mientras exista demanda por parte de los usuarios también existirá un mercado negro en el que se ofrezca un servicio a través de otras aplicaciones, pues como dijo el exprimer ministro británico Winston Leonard Spencer Churchill «Si destruyes un mercado libre creas un mercado negro, si creas diez mil regulaciones destruyes todo el respeto por la ley».

Por lo anterior es que yo opino que el tamaño del estado y el exceso de regulaciones que redundan en el intervencionismo gubernamental en los asuntos económicos de la nación genera un desequilibrio a favor de unos y en contra de otros agentes económicos ante el cual los mismos mercados reaccionan para equilibrar la ecuación, como lo he sostenido con anterioridad ¡Así funciona el mundo real que algunos prefieren negar!