DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

El estadista y político británico Winston Leonard Spencer Churchill dijo que «La democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre. Con excepción de todos los demás» con la finalidad de hacer ver que la democracia no es perfecta, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. La democracia es un régimen o sistema político en el que el pueblo ejerce su soberanía para elegir y también para ejercer control sobre sus gobernantes; sin embargo, la entrega de poderes a un grupo reducido de individuos para que en nombre del pueblo tome decisiones que afectan a todos es el principal defecto de la democracia, pues hace legítimos todos los abusos de aquellos que en lugar de gobernar deberían actuar como servidores.

Hablar de democracia participativa es redundar, pues para que la democracia funcione de verdad es indispensable que exista participación activa y permanente de quienes tienen el poder soberano, el pueblo, pero cuando los individuos que conforman ese conglomerado llamado pueblo entregan a unos cuantos esa soberanía y se desentienden de los asuntos del estado en lo que se ha denominado democracia representativa, elitista o hegemónica, entonces se cumple la sentencia del gran pensador griego cuando sostuvo que «El precio de desentenderse de la política, es el ser gobernado por los peores hombres» (Platón).

El artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, en el marco de sus principios fundamentales, establece que «La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece» y en ese mismo sentido el Artículo 40 señala que uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos es el siguiente:

«Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna: formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. 

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.»

No obstante lo anterior, 41 de 72 Constituyentes de la Asamblea Nacional de 1991 tomaron la decisión de limitar la participación directa de los colombianos a unos cuantos mecanismos de participación (Artículo 103), que además con cuatro palabras («La ley los reglamentará») dejaron esos mecanismos de participación supeditados a las decisiones de la clase política dirigente que se sienta en el Congreso de la República a hacer las leyes; durante casi tres (3) décadas muchos de esos Constituyentes se han rotado en el Poder Legislativo para aprobar leyes que limitan las libertades del Constituyente Primario, pero que les han dado más poderes a ellos para aumentar el gasto público y, en nombre del pueblo, darse lujos y repartirse la torta estatal que incluye el aumento de sus ingresos por encima de la inflación y de lo que gana un colombiano promedio e incluso para aprobar el aumento del número de congresistas de espaldas al pueblo al que dicen representar.

Mediante la Constitución de 1991 se fortaleció la democracia representativa en detrimento de la democracia participativa, ya que de los mecanismos de participación aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente solo el cabildo abierto permite la deliberación presencial entre ciudadanos, pero todos estimulan la confrontación desigual entre los electores y los individuos que ostentan los poderes públicos; es decir, se incita más al enfrentamiento que al consenso. Uno de los mecanismos de participación democrática que demuestra esto es el referendo, que según la Ley 134 del 31 de mayo de 1994 que lo reglamentó «Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente», con el cual se puede impulsar la reducción del número de curules del congreso, ya que está bastante claro que los parlamentarios no lo harán. Me sumo a las voces que piden limitar el poder de la clase dirigente y por ello apoyaré la iniciativa de referendo que busque la reducción del congreso a través de las urnas, pero al mismo tiempo continuaré en mi quijotezca labor de estimular la democracia participativa mediante la pedagogía y la publicación del pensamiento liberal que condujo a la emancipación de muchos pueblos.

Frente a la ineficacia e ineficiencia demostrada por quienes ostentan los poderes del estado es imperativo que los ciudadanos y los jóvenes que aun no tienen la ciudadanía se interesen en el diálogo y en todos los procesos de deliberación en los que se tomen las decisiones que nos afectan como nación ¡Basta ya de desentendernos de los asuntos públicos y de la quejadera! ¡Es hora de plantear soluciones!

La participación ciudadana no es algo que le interese a los dirigentes políticos o que tenga que ser una iniciativa de ellos, sino que debe nacer de abajo hacia arriba, teniendo claro que sin participación abierta y decidida de la población no puede existir una verdadera democracia. En ese orden de ideas, la democracia participativa no debe venir del estado nacional, sino que debe impulsarse desde las regiones, desde los territorios, ya que es más fácil llegar a consensos locales que nacionales. Una de las formas de que esto pueda hacerse realidad son los presupuestos participativos, que a pesar de no ser uno de los mecanismos de participación constitucionales, permite la deliberación entre los ciudadanos y sus servidores públicos. Una vez le pregunté a un secretario de hacienda sobre el motivo que tenía para no dar a conocer el presupuesto del municipio si es un documento público. De forma tajante me respondió que para él no lo era. Como no existen ciudadanos interesados en conocer el presupuesto de su ente territorial los gobernantes no lo dan a conocer y mucho menos rinden cuentas de cómo se gastan los recursos públicos. ¡Las audiencias de rendición de cuentas son todo, menos rendición de cuentas!. 

En una democracia participativa los ciudadanos no tienen que pedirles a los gobernantes que hagan público lo que es público, pues estos últimos son servidores públicos que se encuentran subordinados al pueblo, no lo contrario.