Antes de que en Europa se diera el movimiento cultural e intelectual denominado «La Ilustración», la principal forma de gobierno de las sociedades era la monarquía que tiene como característica principal la sucesión del poder de una generación a otra dentro de una misma familia, ya que el cargo supremo del gobernante (monarca o rey) se considera personal, vitalicio, hereditario y se sostiene con los tributos de sus súbditos o gobernados.
«La Ilustración» recibió esta denominación porque buscaba que la humanidad saliera de la ignorancia y de la servidumbre a través de las luces del conocimiento y de la razón; por eso durante el siglo XVIII, conocido como el Siglo de las Luces, los intelectuales procuraron presentar sus pensamientos científicos, filosóficos, políticos y literarios; estos intelectuales fueron influenciados por los escritos del médico y filósofo inglés John Locke, «Padre del Liberalismo Clásico», cuyo pensamiento logró tener gran influencia en la Revolución Estadounidense que permitió la independencia de las colonias norteamericanas de la monarquía británica en 1783 que las obligaba a entregar más tributos para sostener sus «arcas públicas», dando paso a la Constitución de los Estados Unidos como un documento liberal. Los estadounidenses se liberaron del sistema monárquico y optaron por ser una república, pero lo más importante es que dieron un ejemplo que comenzó a imitarse a lo largo de todo el planeta y muy pronto fue copiado por otro movimiento emancipador en el año 1789, la Revolución Francesa, que le dio paso a la república en 1792 y es el símbolo histórico del triunfo del pensamiento liberal.
La Revolución Estadounidense y la Revolución Francesa tuvieron su fundamento en la filosofía liberal, pero en el siglo XX las ideologías absolutistas y populistas (fascismo y comunismo) se impusieron por la fuerza en algunas naciones, lo cual condujo a dos guerras mundiales en las que, por fortuna, vencieron las naciones en donde predominaba el pensamiento liberal cuya finalidad es una sociedad de individuos libres de la coerción gubernamental que les impone cargas tributarias para sostener a un grupo reducido de personas que hacen parte de lo que se denominan los poderes del estado.
Latinoamérica y, por supuesto, Colombia no han sido ajenas a esta lucha que ya no se da contra las monarquías sino contra quienes buscan imponernos ideologías cuyo fin es el crecimiento del tamaño de los estados y, por consiguiente, al igual que los monarcas, necesitan imponer mayores tributos a los individuos.
Para hablar del caso colombiano debo comenzar diciendo que durante los meses de agosto, septiembre y octubre muchos debemos presentar declaración de renta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y con base en ella muchos de los que trabajamos para llevarle el sustento diario a nuestras familias y para mejorar nuestra calidad de vida debemos contribuir de forma obligatoria (por eso se les llama impuestos) a las arcas del estado una parte importante de lo que produjimos durante el año 2019.
Para que nos hagamos una idea de cuánto nos cuesta a los colombianos sostener al aparato estatal debo decirles que nos toca trabajar aproximadamente 110 de los 365 días del año para financiar el gasto público; es decir, debemos dedicar 3,65 meses de los 12 para mantener el gasto del estado colombiano, lo cual se debe a que el Presupuesto General de la Nación de una vigencia fiscal equivale al 30% de lo que producimos en conjunto todos los colombianos durante un año; en otras palabras, 30 de cada 100 pesos que nos ganamos trabajando se los gasta el estado; si eso no es esclavitud en pleno siglo XXI, entonces ¿qué lo es?.
A principios de este mes (agosto de 2020) la Corte Constitucional (uno de los órganos que hace parte de los poderes del estado) tumbó el impuesto solidario creado mediante el Decreto 568 de 2020 que gravaba con tarifas entre 10% y 20% a los servidores públicos que ganaran más de $10.000.000 al mes (solo 22.429 de 1.086.246 servidores públicos), que en comparación con lo devengado por los demás trabajadores del país es bastante alto; sin embargo, con fundamento en conceptos de fiscales, jueces, magistrados, profesores, funcionarios de la Procuraduría o la Contraloría (todos ellos parte del poder del estado) que consideran que esos $10.000.000 constituyen su mínimo vital la Corte declaró inconstitucional el decreto. ¿Así funcionan las monarquías?.
Este impuesto fue destinado a subsidiar las nóminas de algunas empresas del sector privado para evitar que cerraran sus puertas y tuvieran que despedir a sus empleados. Por eso es importante resaltar que durante la crisis actual se han destruido en Colombia cerca de 5.000.000 de empleos y que todos los puestos de los servidores públicos se han mantenido a pesar de la crisis; es decir, los nuevos desempleados provienen del sector privado. La cifra más aterradora es la del decrecimiento de la economía colombiana en un 15,7% durante el segundo trimestre de 2020 (abril a junio), eso quiere decir que en solo tres meses todos los colombianos en conjunto perdimos la mitad de lo que se gasta el estado en un año.
Por todo lo anterior, cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció que se requería una nueva reforma tributaria para financiar el gasto del estado todos los opositores del Gobierno Nacional pusieron el grito en el cielo, por lo que el gobierno aclaró que este año no se tramitaría reforma tributaria alguna, pero que el próximo año sí; sin embargo, los mismos que se escandalizaron por el anuncio gubernamental, radicaron ante la Cámara de Representantes el pasado 20 de julio el Proyecto de Ley 070/2020C (https://www.camara.gov.co/impuesto-solidario-covid-19) que busca modificar el inconstitucional Decreto 568 de 2020 haciéndolo permanente para las personas naturales y para las empresas que sobrevivan a la crisis ¡Qué premio y qué estímulo! ¡Son unos genios!.
Solo para analizar lo que este proyecto de Ley le haría a las personas naturales hay que decir que quien gane entre $3.234.303 y $5.044.325 le sería expropiado el equivalente a 69,4 días trabajados en el año (2,3 meses); si gana entre $5.044.325 y $12.165.725 le confiscarían los ingresos de 102,2 días de trabajo anual (3,4 meses); así iría ascendiendo el tributo hasta quienes ganen más de $267.052.500 al mes (no sé si alguien en Colombia gane esta cifra como persona natural) tendrían que trabajar 200,8 días del año (6,6 meses) para mantener el gasto público colombiano. Quizás en otro momento haga el análisis de lo que ocurriría con las empresas existentes o las que quieran conformarse dentro del territorio nacional. En otras palabras, seamos empresarios o no, por obligación toca trabajar durante algún tiempo para sostener el gasto administrado por quienes nos gobiernan ¿Cuál es la diferencia con las monarquías?.
Aunque el Gobierno Nacional ha anunciado de manera reiterada que no hará una reforma tributaria este año, no me sorprendería que le dé el visto bueno a esta iniciativa parlamentaria, obviamente con las modificaciones que proponga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que, en consecuencia, en diciembre el aguinaldo que nos den sea la aprobación de una reforma tributaria inconveniente para la reactivación de la economía del país, pero muy conveniente para los individuos que hacen parte de los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¡Aunque algunos de ellos mientan diciendo que nunca han hecho parte del poder en Colombia!.
¿Qué otra cosa podemos esperar de los individuos que desde el poder político se han negado a reducir el número de parlamentarios y los onerosos sueldos que reciben por aprobar normas que reducen las libertades individuales de quienes tienen que trabajar para mantener sus altos ingresos, sus camionetas blindadas, sus costosos esquemas de seguridad, sus privilegiados regímenes especiales de salud, sus altas pensiones, la educación de sus hijos en las más prestigiosas universidades del mundo y hasta sus planes de telefonía móvil?
Cierro diciendo que durante la instalación de la Comisión de Expertos Tributarios, la «lumbrera» que dirige la DIAN dejó abierta la posibilidad de revisar las deducciones tributarias de los contribuyentes que tienen hijos o dependientes. Bien afirma el economista liberal argentino Javier Gerardo Milei: «Podrás ver a los políticos pelear fuertemente pero siempre se pondrán de acuerdo en una sola cosa de modo instantáneo: Subirnos los impuestos».
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